Obligar a gestar y a parir es tortura

La Secretaría de Salud de la Nación publicó hoy en el Boletín Oficial la renovación y actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, que debe ser de cumplimiento nacional. El último protocolo había sido publicado en 2015 por el entonces Ministerio de Salud.

En esta actualización detallan cuestiones relativas a los derechos que el Estado debe garantizar cuando se tratae de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por las causales previstas desde 1921 en la Constitucional y actualizadas por el fallo FAL en 2012: riesgo de salud y violación. Se refiere puntualmente a los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación. Describe aspectos vinculados a cómo se entiende cada una de las causales y de qué modo debe accionar el sistema de salud, tanto público como privado. Además, refiere y ratifica que la “objeción de conciencia” debe ser personal y no institucional. Y debe estar previamente informada por el/la profesional de la salud.

Durante el 2019 conocimos diferentes historias de pibas menores, violadas, que intentaban acceder a la ILE y les era negada, con dilaciones por parte de los propios médicos, en un entramado de poderes judicial-eclesiástico-médico que accionaba en conjunto bajo el lema “salvemos las dos vidas”.

La frase “quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo” nos estremecía y se viralizaba en Enero de este año. La decía una piba de 11 años que conocimos como Lucía y había sido violada por la pareja de su abuela de 65 años.  Su derecho era acceder a la ILE, pero el Sistema de Salud Provincial (Siprosa), dependiente del gobierno provincial, tardó cuatro semanas en ordenar la interrupción de su embarazo, y sólo accionó luego de que la jueza Valeria Brand lo intimara a garantizar el acceso a la ILE. Para ese momento ya habían pasado 4 semanas de que Lucía ingresó al Hospital Eva Perón.

Los médicos argumentaron entonces que existía riesgo para su vida. Lucía fue obligada a gestar, a fuerza de inyecciones de corticoides para “madurar al feto” y a parir en Enero de 2019 en la provincia de Tucumán. Obligar a gestar y a parir es tortura y es una práctica ilegal, que debe ser erradicada. La cesárea fue practicada por dos profesionales privados, ya que entonces todos los médicos del Hospital Eva Perón se declararon objetores de conciencia y se negaron a intervenir.

La actualización del  “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” publicada hoy en el Boletín Oficial por parte de la Secretaría de Salud de la Nación es producto de la lucha del movimiento feminista y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No deja dudas sobre la responsabilidad estatal para garantizar derechos en el acceso a la ILE. De cumplirse a nivel nacional, obligar a gestar y a parir nunca más.

Algunos pasajes del ANEXO que acompaña la resolución y que está completo acá

 

Causal Salud

  • Desde este enfoque, el derecho a la salud es interdependiente con los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la no discriminación, la igualdad, la intimidad, la privacidad y el derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una interpretación adecuada de la causal salud supone entender, además, su vinculación con los conceptos de bienestar y determinantes sociales de la salud, en el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos.
  • La salud es un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, mental y social, de acuerdo a lo establecido por la OMS.
  • La afectación de la salud mental incluye el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima.
  • El peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia.
  • La decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE.
  • Los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años se constituyen en sí mismos como causal salud.
  • Si se trata de una persona en buenas condiciones de salud pero con factores predisponentes, la continuación del embarazo puede constituir un factor de precipitación de una afectación. Asimismo, en los casos con enfermedades crónicas o agudas, la continuación del embarazo puede actuar como un factor de consolidación de la enfermedad, como por ejemplo su cronificación, aparición de secuelas o incluso la muerte.

 

Causal violación

  • Para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación.
  • En los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, la justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente.

 

Dónde se debe practicar ILE

  • La calidad de la atención y los requisitos para acceder a la práctica de ILE son los mismos en establecimientos públicos, de obras sociales y privados. También lo es la responsabilidad de los profesionales en caso de no respetar los derechos de las personas.
  • La implementación de mecanismos administrativos y/o la realización de la interconsulta no pueden implicar demoras innecesarias en la realización de la ILE.

 

Los/as profesionales son responsables de garantizar el derecho a la ILE

  • La CSJN plantea en el Fallo F.,A.L. que las/los profesionales de la salud podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo 24 de su profesión cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de una ILE, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa, incumplan el deber de secreto profesional y el deber de confidencialidad o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto (CSJN, considerando 24 y 25).
  • La objeción de conciencia, no puede traducirse en un incumplimiento de los deberes de los/as profesionales prestadores de salud, ni dañar a terceros en su salud, su autonomía y su dignidad, ni restringir el acceso a prestaciones de salud contempladas en la legislación vigente. El derecho a la salud está protegido por la Constitución Nacional, en consonancia con el marco internacional de derechos humanos. Por lo tanto, los/ as profesionales de salud son responsables de garantizar el acceso a ILE conforme marca la ley. Por lo mencionado, un/a profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de interrupción legal del embarazo, siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica (CSJN, 2012, considerando 29). En caso de que un/a profesional de la salud desee ejercer su derecho a la objeción de conciencia, deberá notificar su voluntad previamente a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe; es decir que solo podrá ejercerlo cuando se haya declarado y notificado previamente a las autoridades pertinentes. Los/as profesionales objetores, aunque hayan notificado previamente su voluntad, están obligados/as a cumplir con el deber de informar a la persona gestante sobre su derecho a acceder a una ILE si su situación pudiere encuadrar en alguna de las causales reconocidas por la legislación.
  • La objeción de conciencia es siempre individual y no puede ser institucional. De acuerdo a esto, todos los efectores de salud en condiciones de practicar ILE deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a ella. Asimismo, deberán contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley les confiere a las personas en relación a esta práctica.

 

Según Florencia Alcaraz en LATFEM, de las 24 jurisdicciones que hay en el país -teniendo en cuenta las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- sólo 12 tienen protocolos que se respetan, en buena parte, lo establecido por la Corte Suprema. Estas son: Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, Córdoba.

Hay 6 jurisdicciones que tienen protocolos con requisitos que pueden dificultar el acceso a los abortos legales. Se trata de: provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro.

Por último, hay 7 jurisdicciones que no cuentan con protocolos. Son: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.

Ahora, para quienes no tienen Protocolos o tienen instrumentos restrictivos rige el más progresivo que sería, con esta novedad, el de Nación. Así lo señala el principio de progresividad. Las provincias que ya adhirieron no es necesario que lo hagan.

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