Protocolo ILE | ¿Los dinosaurios van a desaparecer?

El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro confirmó que en el día de mañana el Gobierno Nacional de Mauricio Macri derogará por decreto la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.

El mismo fue publicado en el día de ayer en el Boletín Oficial. La resolución firmada por el Secretario de Salud Adolfo Rubinstein le daba rango ministerial al Protocolo, que debía ser de cumplimiento nacional, lo que implicaría que las provincias que no cuentan con protocolo o tienen uno más restrictivo (Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán) se empezarían a  regir con el nuevo.

El documento, que habrá sido el protocolo más corto en la historia de los Boletines Oficiales, es claro en relación a las obligaciones del Sistema de Salud, tanto público como privado, cuando se solicite el acceso a una interrupción legal del embarazo, para los causales previstas en la constitución desde 1921: riesgo de salud o violación.

Habla de la autonomía de las personas para decidir sobre la interrupción legal del embarazo: “la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”

Especifica que la justicia solo debe intervenir a los efectos de garantizar derechos y proteger a las víctimas y no para dilatar los procesos y evitar el acceso a la interrupción legal del embarazo  “en los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, la justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente”

En un año en el que niñas violadas fueron obligadas a gestar y a parir, con maniobras dilatorias del poder médico-judicial, el protocolo específica “en los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, la justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente”.

En Enero en la provincia de Tucumán, Lucía de 11 años fue obligada a gestar y a parir, luego de sufrir la violación por parte del marido de su abuela de 65. Con 21 semanas de gestación llegó al Hospital Eva Perón y solicitó la ILE, pero en el hospital, lejos de brindarle información cierta sobre la práctica, y como trama de una dilación que terminaría en una cesárea,  a la madre le dijeron que si le hacían la ILE “la iban a vaciar, le iban a quitar todo el útero y no iba a poder tener más hijos”. Y aunque tenía firmado el consentimiento informado de la práctica  nadie le explicó dónde tenía que entregarlo.

El Sistema de Salud Provincial (Siprosa), dependiente del gobierno provincial, tardó cuatro semanas en ordenar la interrupción de su embarazo, y sólo accionó luego de que la jueza Valeria Brand lo intimara a garantizar el acceso a la ILE. Para ese momento ya habían pasado 4 semanas de que Lucía ingresó al Hospital Eva Perón. Los médicos argumentaron entonces que existía riesgo para su vida. Lucía fue obligada a gestar, a fuerza de inyecciones de corticoides para “madurar al feto” y a parir. Para practicarle la cesárea hubo que convocar a dos profesionales de la salud que no eran parte del Hospital Eva Perón ¿Por qué? Todos los médicos/as de este hospital se declararon objetores de conciencia y se negaron a intervenir.

El protocolo que mañana será derogado parece dar una respuesta para que no haya más Lucías “en el caso de niñas y adolescentes víctimas de violación, el equipo debe brindar en forma prioritaria, la atención sanitaria y la contención requerida, que debe incluir la información completa y en lenguaje accesible de su derecho a ILE, así como su realización inmediata, sin judicialización, si la niña o adolescente lo decide, en el marco de los parámetros aquí expuestos”.

Actualiza información en relación al MISIPROSTOL “el procedimiento para la interrupción del embarazo con medicamentos ha demostrado ser aceptable en muchos entornos, aun en países de escasos recursos. La medicación de elección recomendada por la OMS es misoprostol combinado con mifepristona, ya que este último medicamento aumenta considerablemente la efectividad del tratamiento, disminuye el tiempo de respuesta y el dolor”

También refiere a la objeción de conciencia, ratifica que no puede ser institucional, y que el/la profesional de la salud debe informarlo previamente. Ante un caso de demanda de ILE, si hay objetores de conciencia, la institución del sistema de  salud tiene el deber de garantizar que se realice la ILE “la objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar”

El Protocolo puntualiza cosas que están contempladas desde 1921 y fueron actualizadas y confirmadas por el FALLO FAL (2012) y la Corte Suprema de Justicia: si te violaron o está en riesgo tu salud podes acceder a una interrupción legal del embarazo y el Estado tiene el deber de garantizarlo. 100 años más tarde, los dinosaurios no desaparecieron.

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