Muerte de Aramburu: escenas de una justicia popular

“Los alcances de lo sucedido en Timóte aún hoy nos impulsan al recuerdo. No sólo por el intento de recuperar una memoria histórica en torno a las luchas populares argentinas, y que en estos días en la prensa hegemónica han encontrado variadas plumas que retornan con odio para intentar sembrar nuevamente las semillas del relato de los dos demonios enfrentados. Sino también para comprender los distintos aspectos que asumió la acción política argentina en la segunda mitad del Siglo XX, donde la violencia política de las clases dominantes generó una resistencia popular como pocas veces se ha visto en nuestra historia. Lo que llevó a un alto grado de identificación con las organizaciones armadas, que explican su vertiginoso crecimiento y capacidad de acción”.

Por Juan Manuel Ciucci

Ilustración: Paula Carrizo

Cuando circuló la noticia, no hubo nadie en la Argentina que desconociera el porqué de aquella acción. Es por esto que el secuestro y muerte de Aramburu puede ser pensada como una de las acciones político-militares más comprendidas de la historia nacional. Quizás tanto como aquella bomba que segó la vida de Ramón Falcón, y que le costara tantos años de cárcel y persecución a Simón Radowitzky. En los debates en torno a la violencia política, suelen confundirse intencionalmente algunos conceptos, que llevan a la estigmatización de las acciones armadas por parte de fuerzas populares. Es por esto que suelen calificarse como “terroristas” a situaciones que están muy lejos de serlo. La cuestión compleja a desplegar aquí es tan vieja como la humanidad: la justicia popular.

Quién decide qué puede ser justo o no, quién puede asumir la violencia para impartir justicia, quién puede ser objeto de una acción reparadora que implique su muerte. En las constituciones suele aparecer una figura que permite al Pueblo sublevarse en contra de una tiranía, y es entonces cuando la violencia en sus manos deja de serlo y se convierte en justicia, como diría Perón en los ’70. En la Argentina de aquella época, tanto Aramburu como Rojas eran las encarnaciones de la represión oligárquica que comenzó con un bombardeo a Plaza de Mayo, continuó con un golpe sanguinario y llegaría al paroxismo con los fusilamientos en José León Suárez y en la vieja Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Eran fuertemente despreciados por las mayorías, que los habían visto reír ante las muertes consumadas.

Es entonces cuando se construye una escena de justicia popular, al mismo tiempo que un escenario para el lanzamiento de una organización político-militar. El secuestro de Pedro Eugenio Aramburu por parte de Montoneros tendría entonces durante su captura tanto un jurado, como un juicio, acusación, veredicto y condena. Todo aquello que le negaron a Juan José Valle, su compañero de armas, tanto Rojas como el mismo Aramburu a fin de sentar un precedente, de volver ejemplificadora su muerte. “Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente”, le escribirá en una carta el General patriota a su verdugo. Estos jóvenes que deciden la muerte del “fusilador”, toman las formas jurídicas para expresar esa voluntad popular que creen encarnar. Es por esto que resulta interesante pensarla como una escenificación que puede ser reconstruida para su destinatario ideal: el pueblo peronista. Cuando años más tarde Mario Firmenich y Norma Arrostito cuenten cómo murió Aramburu, veremos retornar estas lógicas de una acción privada con una clara noción de su vinculación pública. De cómo lo sucedido en aquella casa en Timóte se piensa necesariamente como un acto público, respecto del cual se deberá dar una explicación. Encontramos aquí quizás la fundamental diferencia entre una acción armada y un acto terrorista: no se busca sembrar el terror, sino más bien se realiza un acto concreto que se intentará justificar políticamente. Será allí, en la discusión política del hecho donde encontrará su razón de ser: si no es comprendida la acción, si no es valorada/justificada por el Pueblo, será un fracaso.

Este relato donde recupera la voz pública Norma Arrostito en 1974 (uno de los pocos testimonios directos que de ella nos quedan, que sin embargo no la muestra como estratega y conductora, sino más bien en su rol de “testigo”) define cómo quería la organización que fuese recordado este ajusticiamiento. Allí Aramburu será “el fusilador de Valle”, “el más inteligente de los cabecillas de la Libertadora”, “el artífice del robo y desaparición del cadáver de la compañera Evita”. Es la oportunidad de exponer públicamente los objetivos buscados: “el primer objetivo era el lanzamiento público de la Organización”; “el segundo objetivo era ejercer la justicia revolucionaria contra el más inteligente de los cabecillas de la Libertadora”; el tercero es “uno de los objetivos fundamentales”: la recuperación del cuerpo de Evita; el último objetivo fue entonces desarmar el “proyecto de Aramburu para reemplazar el régimen corporativista de Onganía”. Podrán decir entonces que “el Aramburazo, como lo bautizó el pueblo que jamás tuvo dudas respecto de los autores del operativo (…) logró, en ese sentido, la mayoría de sus objetivos”.

El que sería el último número de la revista Causa Peronista (sería clausurada tras la publicación de esta “exclusiva”) presentaba entonces los pormenores de una escena por tantos imaginada, y tantas veces debatida. Allí se asumían los roles y se presentaban a los responsables, quienes ya eran parte de una mitología revolucionaria. Crece en dicho relato la imagen del gran conductor que tuvo la organización: Fernando Abal Medina. Él será el encargado de comunicarle a Aramburu su situación (“General Aramburu, usted está detenido por una organización revolucionaría peronista, que lo va a someter a juicio revolucionario”) y de asumir el rol de ejecutor (“para él, el jefe debía asumir siempre la mayor responsabilidad” dirá en la nota Firmenich).

Hay otro nombre presente en la casa: el espectro de Evita ronda en la memoria del general genocida que se niega a hablar. “Aramburu había sido el artífice del robo y desaparición del cadáver de la compañera Evita. Su recuperación, uno de los objetivos fundamentales del Aramburazo, no se pudo lograr. “La negativa del fusilador a confesar, amparándose en un pacto «de honor» con otros gorilas, impidió que Montoneros supiera exactamente el paradero del cuerpo”. Cuerpo por cuerpo, será una constante en estos años en los cuales “la abanderada de los humildes” permanecía desaparecida. “El cuerpo de Pedro Eugenio Aramburu sólo será devuelto luego de que sean restituidos al pueblo los restos de nuestra querida compañera Eva Perón”, decía el Comunicado Número 5 de la organización. Cuando cayera la casa y se encontraran los restos de Aramburu, sería enterrado con honores en el Cementerio de la Recoleta, pero tampoco allí encontraría tranquilidad: en 1974 sería secuestrado su cadáver para exigir una vez más por el cuerpo de Evita.

“Sobre ese tema no puedo hablar”, había dicho Aramburu durante el juicio, “por un problema de honor. Lo único que puedo asegurarles es que ella tiene cristiana sepultura”. Contarán luego Firmenich y Arrostito que “a los tirones” contó la historia verdadera: “el cadáver de Eva Perón estaba en un cementerio de Roma, con nombre falso, bajo custodia del Vaticano. La documentación vinculada con el robo del cadáver estaba en una caja de seguridad del Banco Central a nombre del coronel Cabanillas”. Cuando años después se recuperara su cuerpo, se comprobaría que una parte importante de todo lo que dijo era cierto, y se escribiría con pruebas una de los pasajes más oscuros y horrorosos de nuestra historia.

Esas acciones sobre sus espaldas eran las que permitían comprender lo sucedido. “El fusilador tenía que pagar sus culpas a la justicia del pueblo”, diría la nota en Causa Peronista. “Eso hizo Montoneros en Timóte: mostró al pueblo que, más allá de las trampas, las argucias legales y los códigos para reprimir a los trabajadores, había un camino hacia la verdadera Justicia, la que nace de la voluntad de un pueblo”, agregaban. Era una definición que partía de lo que se expresaba popularmente, y encontraba allí entonces tanto su génesis como su justificación. “En Aramburu, el pueblo había sintetizado al antipueblo. Sobre él ejerció Montoneros la justicia de ese pueblo. Por primera vez el pueblo podía sentar a un cipayo en el banquillo y juzgarlo y condenarlo”.

Los alcances de lo sucedido en Timóte aún hoy nos impulsan al recuerdo. No sólo por el intento de recuperar una memoria histórica en torno a las luchas populares argentinas, y que en estos días en la prensa hegemónica han encontrado variadas plumas que retornan con odio para intentar sembrar nuevamente las semillas del relato de los dos demonios enfrentados. Sino también para comprender los distintos aspectos que asumió la acción política argentina en la segunda mitad del Siglo XX, donde la violencia política de las clases dominantes generó una resistencia popular como pocas veces se ha visto en nuestra historia. Lo que llevó a un alto grado de identificación con las organizaciones armadas, que explican su vertiginoso crecimiento y capacidad de acción.

Años después, Rodolfo Walsh retomaría aquellos mitos del inicio para realizar sus críticas a una conducción que no sabía cómo responder a la violencia genocida, y que en su falta de autocrítica escondía su fatal incapacidad para proteger a sus cuadros/simpatizantes políticos y construir una opción de futuro. Ante algunas rectificaciones que aparecían en documentos internos, Walsh diría que “son parciales porque no corresponden a una autocrítica profunda sobre los errores que nos condujeron a la actual situación, sino que tienden a corregirlos de facto ante la evidencia del mal resultado obtenido. Con este método el acierto o el error son azarosos y empíricos. A nuestro juicio lo principal son las razones políticas. Si son correctas, en apenas tres años un puñado de muchachos crecen hasta conducir una organización gigantesca y poderosa. Si son incorrectas, esa misma organización se desinfla y puede desaparecer”. La advertencia, como todas las que realiza en estos documentos Walsh entre fines del `76 y principios del `77 encontraría en el tiempo su completa veracidad. Como ante la justicia popular, son las razones políticas las que nos permiten enmarcar y analizar un hecho, una historia, una apuesta. Más allá del tiempo transcurrido, más allá de los cambios que transitamos, es en aquel fundamento donde podremos desde el hoy recuperar un pasado que nos ilumine hacia una Patria justa, libre y soberana.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: